Tres poderes con tareas distintas
Puebla es un estado libre y soberano dentro de la República Mexicana. Esto significa que puede formular sus propias leyes y elegir a sus autoridades en los ámbitos que le corresponden. El poder estatal tiene límites: sus decisiones rigen en territorio poblano y no pueden contradecir la legislación federal ni rebasar las competencias previstas para las administraciones estatales.
El ejercicio del poder público en la entidad se divide en tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Cada uno tiene atribuciones propias y actúa dentro del marco jurídico aplicable. Esta separación permite distinguir entre la autoridad que ejerce el gobierno estatal, la que expide las leyes locales y la que administra justicia. Cada poder tiene competencias propias, por lo que no todas las decisiones públicas corresponden a la misma institución.
En conversaciones cotidianas, la palabra “gobierno” suele usarse para referirse al Poder Ejecutivo y a las dependencias que realizan tareas administrativas. Sin embargo, el ejercicio del poder público estatal también comprende al Congreso del Estado y a los órganos judiciales. Se trata de instituciones distintas, con funciones que no deben confundirse.
Qué hace cada poder en Puebla
El Poder Ejecutivo estatal está depositado en la persona titular de la gubernatura. En términos de organización pública, las atribuciones del Ejecutivo son diferentes de las del Congreso y de las instancias judiciales. El Ejecutivo tiene funciones propias dentro del ámbito estatal.
El Poder Legislativo está representado por el Congreso del Estado de Puebla. Entre sus facultades se encuentra expedir las leyes específicas que tienen vigencia en la entidad, reformar las existentes o derogar las que se consideren obsoletas. Por ello, la creación o modificación de una norma estatal corresponde al órgano legislativo, siempre dentro del marco constitucional y federal aplicable. El Congreso expide normas estatales dentro de sus atribuciones.
El Poder Judicial está integrado por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, la Junta de Administración de Justicia, juzgados municipales, civiles, de paz, supernumerarios e indígenas. Estas instancias atienden controversias penales, civiles y familiares en los ámbitos que establecen las leyes poblanas y federales. La resolución de esos asuntos corresponde a los órganos judiciales competentes, no a la autoridad que expide las leyes ni a la que ejerce el Poder Ejecutivo.
Estado, municipios y Federación
La organización estatal coexiste con la división municipal. Puebla está dividido en 217 municipios, y cada uno es gobernado por un ayuntamiento. El ayuntamiento se integra por la presidencia municipal y el cabildo, con regidurías y sindicatura. Esta estructura distingue las autoridades municipales de los poderes estatales.
Los presidentes municipales y quienes integran los cabildos son elegidos por periodos de tres años. El ayuntamiento ejerce el gobierno del municipio correspondiente, mientras que los tres poderes estatales tienen competencia en el territorio poblano dentro de sus respectivas atribuciones. Por eso, el municipio de Puebla y cualquier otro municipio de la entidad son unidades administrativas diferentes.
La Federación también establece límites para las autoridades locales. Puebla forma parte del Pacto de la Unión, por lo que ninguna disposición de las autoridades poblanas puede contradecir la legislación federal ni sobrepasar las competencias previstas para las administraciones estatales. La competencia depende del nivel de gobierno y de la materia regulada.
Dato
Dato curioso. El estado de Puebla fue creado con la promulgación de la Constitución de 1824 como uno de los 19 estados de la Primera República Federal Mexicana.
Cómo ubicar la autoridad competente
Para distinguir las responsabilidades públicas, primero hay que identificar si el asunto corresponde al estado, a un municipio o a la Federación. Después debe precisarse si se trata de una ley estatal, de una atribución del Ejecutivo o de una controversia que deba resolver un órgano judicial. La materia define la autoridad que tiene competencia para intervenir.
Si se busca expedir, reformar o derogar una ley con vigencia en Puebla, la atribución descrita corresponde al Congreso del Estado. Si el asunto pertenece al ejercicio del Poder Ejecutivo, debe ubicarse la autoridad estatal que tenga esa función. Si existe una controversia penal, civil o familiar, la instancia competente forma parte del Poder Judicial y aplica las leyes correspondientes. Estas funciones tienen alcances diferentes y no se sustituyen entre sí.
El nivel municipal también debe tomarse en cuenta. Cada ayuntamiento gobierna uno de los 217 municipios de la entidad, mientras que las autoridades estatales ejercen sus facultades en el territorio poblano y dentro de los límites del orden federal. Identificar esos tres elementos —materia, territorio y nivel de gobierno— ayuda a distinguir qué institución tiene la atribución que corresponde a cada asunto.
